En el informe elaborado por Cochilco, se sostiene que no se evidenció que las contralorías divisionales de los sindicatos involucrados en el presunto delito (Chuquicamata 1, 2, 3 y Radomiro Tomic), hayan ejercido las actividades de control y monitoreo establecidos en los cuerpos normativos que regulan estos procesos. Seis son los ejecutivos que fueron identificados por Codelco como potenciales actores involucrados en fiscalizar los procesos de licitación y adjudicación de los contratos de seguros de vida y accidente que eran administrados por los sindicatos 1,2 y 3 de Chuquicamata y de Radomiro Tomic. La señal de alerta la levantó la investigación que encabezó Cochilco, donde señala expresamente la falta de control de parte de los ejecutivos de la minera. De hecho, en el documento, el organismo que hoy lidera Marcos Rivera, señala que en el proceso de fiscalización que lideró durante 2019 “no se evidenció que las contralorías divisionales de DCH (Dvisión Chuquicamata) y de la DRT (División Radomiro Tomic), hayan ejercido las actividades de control y monitoreo establecidas en los cuerpos normativos que regulan estos procesos”, indica el informe de Cochilco. Añade que hubo “carencia” por parte de las controlarías divisionales, “de análisis y evaluación de aspectos de carácter técnico de las cotizaciones y ofertas, como nivel de riesgo asociado, cobertura, composición del valor de la prima y montos adicionales incorporados”. Esto, agrega Cochilco, generó que existan “servicios adicionales contratados con Gestión y Servicios y Servisalud que no están relacionados con el trabajador, sino que con su entorno familiar”. El punto lo tomó Codelco, empresa que también realizó una investigación interna donde identifica a los ejecutivos de Chuquicamata: Robinson Cortez, director de Contabilidad entre agosto y diciembre de 2018, Cecilia Restovic, directora de Contraloría entre junio 2016 y junio 2017, y también a Nemesio Ramírez, director de Contabilidad de RT. A esto se suma Álvaro Dumont, director de Gestión y Riesgos de Codelco, y Manuel Zeballos, director de Contraloría de Chuquicamata entre los años 2004 y 2015, persona que fue desvinculada de la corporación ese último año. En el texto, la minera indica que “deberá investigar las eventuales responsabilidades y tomar las medidas pertinentes sobre aquellos trabajadores que hayan incumplido sus obligaciones funcionarias, específicamente en la oportunidad que se efectúo la renovación de las pólizas en DCH y en DRT durante el período 2005 al 2017”. El texto al que tuvo acceso Pulso añade respecto a Zeballos, que la “auditoría Interna ha clasificado la irregularidad como una “desviación alta” por “no participar activamente en los procesos de licitación y renovación de los contratos de seguros de vida y accidentes personales entre el 2007-2018, de manera de velar por la transparencia de los mismos” y también por no asegurar que se efectuaran procesos de licitación a lo menos tres meses antes del vencimiento de las pólizas y tampoco exigió el documento para el llamado a licitación para su análisis y aprobación. Añade el documento que no se contactó ni realizó entrevista de descargos dado el término de su relación laboral con la minera. Respecto de Dumont aplica el mismo argumento de falta de fiscalización para los contratos adquiridos con los sindicatos 1 y 2 de Chuquicamata. Y también por no velar por la existencia de la licitación correspondiente a la hora de la renovación de las primas. En el documento indica que el ejecutivo “ocupó su posición por un periodo acotado y no estaba en pleno conocimiento de la norma que regulaba el proceso”, por lo tanto, “se ha clasificado la irregularidad como una Desviación Media”. El proceso de descargos, en tanto, se realizó el 17 de octubre de 2019. En relación a Cecilia Restovic, Codelco señala que debió participar activamente en el proceso de licitación y renovación de los contratos de seguros de vida y accidentes personales del sindicato N°3, y que debía asegurar que se efectuara el proceso de licitación “a lo menos tres meses antes del vencimiento de la póliza”. Como resultado de la auditoría interna, la minera indica que “considerando que la situación relacionada con la administración de los seguros de vida por los sindicatos estaba en conocimiento de la administración y su resolución se veía dificultada por el estado de las relaciones laborales, se ha clasificado la irregularidad de la ejecutiva como una “desviación media”. El texto destaca además que se desestimó la posible responsabilidad de Robinson Cortés, pues “durante el periodo en que ejerció sus funciones no tenía responsabilidades asociadas al proceso de contratos de seguros de vida y accidentes personales”. PDI también allanó oficinas de GyS y Servisalud El allanamiento de las oficinas por el “fraude orquestado” que acusa Codelco, no solo se hizo en las oficinas de los sindicatos de Chuquicamata 1,2,3 y Radomiro Tomic, pues la PDI también se dirigió hasta dos empresas también involucradas en los sobrecostos de seguros de vida y accidente: Gestión y Servicios y Servisalud. En esos seis recintos (la PDI allanó dos de Gestión y Servicios), se requisó una decena de información, según se detalló en un escrito de la causa penal de Codelco que se lleva a cabo en Calama para desaforar a una veintena de dirigentes sindicales. En la instancia, se autorizó la revisión de los correos electrónicos de los involucrados. Además, se incautaron las actas de sesiones sindicales desde 2005 y los contratos de asesoría entre las empresas involucradas.
